La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creó un repertorio de jurisprudencia sobre habeas data (Disposición 2/2008), donde se registrarán las sentencias recaídas en las acciones de habeas data cuyo suministro provenga de los mismos jueces, de los particulares o de fuentes irrestrictas de acceso público.

 La sala I de la cámara civil confirmó un fallo de primera instancia que rechazaba la acción por daños y perjuicios contra un consorcio de propietarios, debido a que los empleados de seguridad del edificio le negaron el ingreso al mismo debido a que el actor impidió que le tomaran una fotografía para permitirle la entrada.

Vistos los autos: "Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/ reajustes varios".

Considerando:

1°) Que contra la sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que confirmó la de la instancia anterior respecto de la nueva determinación del haber inicial del jubilado y su ajuste hasta el 31 de marzo de 1991, pero modificó la movilidad posterior de acuerdo con los precedentes de la Corte publicados en Fallos: 319:3241 ("Chocobar") y 322:2226 ("Heit Rupp"), el actor y la ANSeS dedujeron sendos recursos ordinarios de apelación que fueron concedidos de conformidad con lo dispuesto por el art. 19 de la ley 24.463.

2º) Que el demandante se agravia de la movilidad reconocida afirmando que resulta ineficaz pues no permite que su prestación alcance un nivel adecuado. Señala que tal perjuicio se debe a que el antecedente "Chocobar", aplicado por el a quo, atribuye erróneamente a la ley 23.928 la derogación del art. 53 de la ley 18.037 y que ello ha producido una confiscación de sus haberes, que se ha visto agravada a partir de la sanción de las leyes 25.561 y 25.565, que iniciaron un proceso de acomodamiento de los precios que, a su entender, tornaría procedente la revisión del mencionado fallo "Heit Rupp". Requiere, finalmente, una tasa de interés que le resulte más ventajosa.

 Alejandro D. Perotti explica la Acordada que facilitaría la interpretación uniforme del derecho mercosureño, garantizando la seguridad jurídica